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Julio 2013

Mejoras en la ley de emprendedores

Mejoras en la ley de emprendedores 2013.

Lejos de ser un mero instrumento para retratar la realidad, el lenguaje nos ofrece una gran herramienta para moldearla o, al menos, matizarla. El declive del término “empresario” en favor de “emprendedor” es un claro ejemplo de este poder. Todas las connotaciones negativas que pudiera haber arrastrado el primero se han desvanecido al situar al emprendedor como el héroe que habrá de liderar el crecimiento económico en España. En esta ocasión, bienvenido sea el cambio.

La cuestión de fondo sigue siendo, no obstante, cómo hacer que quien dispone de la motivación y el talento necesarios tenga el camino lo más despejado posible cuando se trate de generar riqueza y empleo. El proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, presentado recientemente, va en esa línea. Sin duda, el nuevo texto introduce importantes mejoras en cuestiones como la reducción de trabas administrativas, el abaratamiento del proceso de constitución y operación de una empresa (ya sea por la vía de unos menores requisitos de capital o a través de reformas tributarias) o el acceso a los procesos de contratación pública.

Ahora bien, las mejoras introducidas pueden ser condiciones necesarias, pero probablemente no serán suficientes para incentivar un modelo de crecimiento sostenible para la economía española. De entrada, la propia definición de emprendedor que figura en el texto es sumamente amplia, y engloba tanto iniciativas de autoempleo como organizaciones con una ambición de crecimiento. Ambas son oportunas en el contexto actual y por ello deben ser apoyadas, pero sus necesidades y limitaciones pueden diferir de manera significativa.

Otro de los puntos que requerirá algún impulso adicional es el relativo a los emprendedores innovadores, aquellos que más aportan a la competitividad de un país. La mención a la innovación en el proyecto de ley apenas se circunscribe al ámbito de la movilidad empresarial, facilitando la llegada de talentos del exterior, pero no se hace mención expresa al carácter estratégico de fomentar la innovación por parte de los emprendedores nacionales. Siendo los sectores intensivos en el uso de tecnología aquellos que muestran mayor dinamismo en todo el mundo, sería interesante dotarles de algún incentivo mayor. El ahorro fiscal en el IRPF para los denominados business angels parece ir en esa dirección, aunque resulta algo tímido. La dificultad para obtener financiación a precios razonables, especialmente acuciante en las primeras etapas, es sin duda uno de los grandes cuellos de botella actuales para desarrollar una actividad emprendedora en España.

Por último, la organización territorial del Estado español introduce una complejidad notoria a la hora de crear nuevos negocios, y la futura Ley de Emprendedores difícilmente podrá aportar soluciones definitivas a esta debilidad. La creación de puntos de atención al emprendedor como ventanillas únicas para relacionarse con la Administración General del Estado es una muy buena noticia, pero el elemento crítico será la implementación del sistema unificado de tramitación telemática para la constitución y puesta en marcha de una actividad empresarial (emprende en 3), anunciado hace apenas unas semanas, en paralelo con este proyecto de ley.

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